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La justicia reproductiva trata sobre el derecho a tener hijos, a no tenerlos y a criarlos en comunidades seguras y saludables. Este último aspecto suele pasarse por alto, pero es igual de fundamental. Y una de las mayores amenazas es nuestro sistema de justicia penal.
Cada vez que hablamos de criminalizar la posesión de drogas, en realidad hablamos de quién termina tras las rejas y quién termina criando a una familia sola. Las duras sentencias obligatorias no solo castigan a una persona. Apartan a un padre o una madre de su hogar, a una pareja de su relación y dejan sin sustento a una familia, a veces durante años.
Esto es lo que las investigaciones siguen demostrando: las penas más severas por delitos de drogas no reducen el consumo ni la venta de estupefacientes. No hacen que las comunidades sean más seguras. Lo que sí consiguen es llenar las cárceles y separar a familias que ya tenían dificultades para salir adelante.
Cada persona que va a prisión representa una familia transformada de la noche a la mañana. Un niño crece sin uno de sus padres. Un hogar pierde ingresos, cuidado infantil y estabilidad de golpe. Cuando diseñamos políticas centradas en el castigo en lugar del apoyo, son las familias quienes asumen el costo.
Las políticas centradas en el castigo tienen otro costo oculto. El miedo al arresto impide que las personas pidan ayuda durante una sobredosis o una crisis. Cuando la respuesta a una emergencia médica es la cárcel en lugar de la atención, perdemos vidas que podrían haberse perdido. Ese miedo no hace que nadie esté más seguro; solo hace que las personas se sientan más solas.
La justicia reproductiva y la reforma de la justicia penal tratan sobre si las familias pueden permanecer unidas y si las personas pueden criar a sus hijos sin la amenaza constante de un sistema construido para castigar en lugar de apoyar.